La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ha iniciado una investigación contra el exministro Arturo Zaldívar y funcionarios del Poder Judicial cercanos a él, basada en acusaciones de violación a la independencia judicial, falta de imparcialidad, violencia sexual, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Zaldívar ha afirmado que esta investigación tiene motivaciones políticas, ya que los resultados electorales podrían influir en una reforma judicial profunda.

La denuncia, recibida por el Consejo de la Judicatura Federal el 9 de abril, acusa a Zaldívar de socavar la independencia judicial durante su mandato en la Suprema Corte, entre 2019 y 2022, presionando a jueces a cambio de beneficios políticos y económicos.

El Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar a Zaldívar, quien ya no es ministro en activo, por lo que ha derivado el caso a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte.

La investigación también menciona a jueces y magistrados, así como a los casos que han manejado, aunque en algunos casos no se revelan los nombres. Esto ha generado preocupación sobre el manejo de denuncias anónimas en el Poder Judicial.

El presidente López Obrador confirmó haber tenido conversaciones con Zaldívar sobre casos prioritarios para el Estado, pero aseguró que fueron respetuosas.

El inicio de una investigación basada en una denuncia anónima ha generado debate sobre el proceso de justicia en el país, con algunos expertos cuestionando su validez y efectividad.

A pesar de las acusaciones de politización, se confía en la imparcialidad de la Suprema Corte para manejar adecuadamente este caso y salvaguardar la integridad constitucional del país.