La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) enfrenta una situación complicada tras la detección de más de mil 300 millones de pesos pendientes por declarar y diversas irregularidades financieras por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las observaciones abarcan las cuentas públicas de la UAEH desde 2018 hasta 2022, período en el que se desconoce el destino de los mencionados fondos. En 2018, las irregularidades ascendieron a 729.1 millones de pesos, destacando la falta de documentación que justifique el gasto. De esta cifra, 75.7 millones se relacionan con el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, y millones más se destinaron a conceptos no especificados o no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Las observaciones más significativas provienen del "Programa de subsidios federales para organismos descentralizados estatales".

En 2019, se detectaron 482.8 millones de pesos en irregularidades, principalmente relacionadas con pagos indebidos al personal. Además, en febrero de ese año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias inusuales a cuentas bancarias en el extranjero, congelando más de 160 cuentas de la UAEH debido a presuntas actividades de lavado de dinero.
A pesar de los esfuerzos por justificar los fondos y levantar los bloqueos, las irregularidades persistieron en los años siguientes. En 2021, la ASF señaló inconsistencias por 278.4 millones de pesos, la mayoría relacionadas con pagos improcedentes o en exceso al personal.

Además, la Fiscalía General de la República acusó al ex presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, por presunto lavado de dinero por más de 58 millones de pesos, provenientes de la universidad. Aunque se solicitó una pena de 55 años de prisión, Sosa Castelán obtuvo prisión domiciliaria debido a su estado de salud.
Estas revelaciones han generado preocupación y cuestionamientos sobre la gestión financiera de la UAEH, así como sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. La investigación y las acciones legales en curso determinarán las consecuencias finales de estas irregularidades financieras.

Con información de: El Diario de Chihuahua